Venezuela es un recordatorio: el gobierno nunca es moralmente neutral
La dramática operación militar estadounidense que condujo a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien llevaba mucho tiempo en el poder, ha sumido a nuestro hemisferio en un debate, y con justa razón. Lo que está sucediendo en Venezuela no es simplemente un momento geopolítico; es una oportunidad para confrontar una mentira que las sociedades occidentales aceptan cada vez más: que el gobierno puede ser un árbitro moralmente neutral del poder.
El 3 de enero, las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas y lo trasladaron a Nueva York, donde ahora enfrenta cargos federales relacionados con el narcotráfico y el narcoterrorismo. El presidente Trump ha defendido la operación como una respuesta adecuada a las amenazas que emanan de Venezuela, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó que Estados Unidos no permitirá que el hemisferio occidental se convierta en una base para narcotraficantes, regímenes hostiles o representantes extranjeros que pongan en peligro nuestra seguridad.
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A primera vista, esto podría parecer una audaz maniobra de política exterior, quizás incluso una puramente estratégica. Pero las cuestiones morales más profundas que subyacen a esto tocan el corazón de cómo vemos al gobierno en sí mismo. Con demasiada frecuencia, en el discurso político moderno, actuamos como si el Estado fuera una herramienta neutral, como si fuera algo que se puede esgrimir sin consecuencias morales siempre que los fines parezcan convenientes. Sin embargo, las Escrituras y la historia nos enseñan lo contrario.
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La Biblia deja claro que la institución del gobierno fue creada por Dios y tiene un papel divinamente ordenado: restringir el mal y recompensar la justicia. En Romanos 13, el apóstol Pablo escribe que los gobernantes “no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal”, y que la autoridad gobernante “no lleva la espada en vano”.
El gobierno, en la cosmovisión bíblica, es una autoridad moral. No es un árbitro neutral, sino un administrador de la justicia, responsable en última instancia ante Dios. Cuando esa autoridad se convierte en la autora de la opresión, pierde su legitimidad moral. La crisis venezolana, con sus años de tiranía y sufrimiento humano, es una cruda muestra de lo que sucede cuando un régimen rechaza este propósito fundamental.
Pero consideremos las implicaciones más amplias de cómo reaccionamos, no solo en Venezuela sino en nuestro propio país. Las sociedades occidentales adoptan cada vez más una gobernanza tecnocrática, reduciendo el papel del gobierno a una serie de problemas transaccionales que deben ser optimizados o solucionados. Si una política funciona, se considera buena; si fracasa, se ajusta. O peor aún, juzgamos al gobierno por sus buenas intenciones.
La moralidad, en este marco, se vuelve opcional o subjetiva. Sin embargo, los abusos violentos del régimen de Maduro —el desmantelamiento de las instituciones legítimas, el desprecio por la vida humana, la corrupción, la instrumentalización del poder— nos recuerdan que el gobierno nunca es meramente funcional. Es moral o inmoral por el efecto que tiene en los portadores de la imagen de Dios y en el florecimiento humano.
Esto importa no solo para cómo evaluamos la política exterior, sino también para cómo juzgamos el servicio público en nuestro país. Cuando el gobierno se convierte en un gestor neutral de intereses en lugar de un baluarte contra el mal, pone en peligro las mismas libertades y el orden moral que debe proteger.
Esto, por supuesto, hace que la comprensión objetiva del bien y del mal moral sea una necesidad absoluta para un gobierno eficaz que respete los derechos humanos y las libertades individuales. Hay una razón por la que John Adams escribió en 1798: “Nuestra Constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro”.
Algunos advertirán que la intervención de Estados Unidos sienta un precedente peligroso o que ejercer el poder militar en el extranjero está lleno de riesgos. Estas preocupaciones no son triviales. De hecho, muchas voces internacionales —desde capitales aliadas hasta instituciones mundiales— han expresado su alarma por la operación y sus implicaciones para la soberanía y las normas internacionales.
Sin embargo, no debemos permitir que la cautela se convierta en una excusa para la parálisis moral. Si el gobierno ha de ser más que un terreno de indiferencia, debe estar dispuesto a confrontar las fuerzas de la violencia y la opresión, ya sea que tomen la forma de cárteles de la droga, gobernantes autoritarios o sistemas corruptos que pisotean la dignidad humana. Hacer menos que eso sería renunciar por completo al propósito moral del gobierno.
El gobierno también tiene el deber moral de confrontar el mal que daña a su pueblo, incluso cuando ese mal se origina más allá de sus fronteras, porque la protección de los inocentes no se suspende por la geografía.
El pueblo venezolano ha soportado una catástrofe humanitaria durante años. Sus vecinos han sufrido bajo un régimen que traficaba con el miedo y la muerte. Este momento no se trata solo de estrategia. Se trata de justicia. Y la justicia bíblica no es una palabra de moda; es un imperativo moral.
Al reflexionar sobre estos acontecimientos, los cristianos y todas las personas de conciencia deberían preguntarse: ¿Cuál es el papel del gobierno en un mundo caído? ¿Es simplemente equilibrar intereses? ¿Es simplemente ejecutar la voluntad de la mayoría? ¿O es mitigar el mal y defender la justicia dondequiera que la encuentre? Romanos 13 responde con claridad; se supone que los gobernantes son siervos de Dios para el bien de la sociedad.
Mientras la situación en Venezuela se desarrolla, y mientras los responsables políticos en Washington, Caracas y las capitales de todo el mundo sopesan sus próximos pasos, no olvidemos esta verdad fundamental: los gobiernos no son moralmente neutrales. O restringen el mal o se convierten en sus agentes.
La historia juzgará este momento, y también nosotros deberíamos hacerlo, según los estándares de la justicia moral que trascienden la política.
