Juez prohíbe redadas del ICE en algunas iglesias y califica la política como "profundamente preocupante"
Un juez federal ha prohibido a la administración Trump llevar a cabo redadas de ejecución de leyes de inmigración en un grupo de iglesias, calificando la política de "profundamente preocupante".
El juez de distrito de los EE.UU. Dennis Saylor IV del Distrito de Massachusetts, designado por George W. Bush, emitió una orden judicial preliminar el viernes contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
"La perspectiva de que un agente de la ley a nivel de calle —actuando sin una orden judicial y con poco o ningún control de supervisión— pudiera llevar a cabo una redada durante un servicio religioso, o acechar para interrogar o capturar a los feligreses mientras intentan entrar en una iglesia, es profundamente preocupante", escribió Saylor.
Reciba GRATIS nuestras últimas noticias
"Si la interferencia del gobierno con esas libertades es alguna vez justificable, lo es solo en circunstancias relativamente extremas, como una amenaza inmediata a la seguridad pública. La aplicación rutinaria de las leyes de inmigración no implica tal amenaza, y no puede justificar el daño a la libertad religiosa que plantea la nueva política".
año pasado, una coalición de grupos cristianos, liderada por el Sínodo de Nueva Inglaterra de la Iglesia Evangélica Luterana en América, presentó una demanda para detener una nueva política del DHS que permite a los agentes federales realizar operaciones de control de inmigración en propiedades de la iglesia y en otras áreas "sensibles", incluyendo iglesias y escuelas.
Promulgada el pasado enero, el DHS anunció la rescisión de una política establecida durante la administración Obama que prohibía las operaciones de aplicación de la ley de inmigración en lugares "sensibles". La medida provocó la preocupación de los líderes religiosos, y muchas iglesias latinas han enfrentado una disminución en la asistencia en el último año ante el aumento de los temores.
"Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar el arresto", declaró el DHS en ese momento. "La Administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden y, en su lugar, confía en que usarán el sentido común".
"La Administración Biden-Harris abusó del programa de permiso humanitario para permitir indiscriminadamente la entrada de 1,5 millones de migrantes a nuestro país. Todo esto se detuvo el primer día de la Administración Trump. Esta acción devolverá el programa de permiso humanitario a su propósito original de analizar a los migrantes caso por caso".
En su orden, Saylor afirmó que "si bien el gobierno tiene ciertamente un interés apremiante en la aplicación de las leyes de inmigración", la política actual "no es, de hecho, el medio menos restrictivo para fomentar ese interés".
La orden judicial preliminar se aplica solo a la coalición de iglesias demandantes y no a nivel nacional. La medida cautelar "eximirá las acciones de control de inmigración realizadas de conformidad con una orden administrativa o una orden judicial".
"La orden judicial preliminar emitida por el Tribunal permitirá tales operaciones solo en circunstancias urgentes, independientemente de la aprobación de un supervisor", añadió el mandato.
"El Tribunal no puede concebir ninguna circunstancia, fuera de una verdadera emergencia, en la que una operación de las fuerzas del orden para aplicar las leyes de inmigración dentro de una iglesia fuera justificable bajo la Primera Enmienda y [la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa]".
La reversión de la política desató críticas de algunos líderes religiosos y múltiples demandas que acusan a la administración de violar los derechos de las iglesias bajo la Primera Enmienda.
La coalición de grupos cristianos demandó al DHS y a Kristi Noem en su calidad de secretaria de la agencia el pasado julio, alegando en parte que la nueva política violaba su libertad religiosa.
Los demandantes incluían organismos regionales de la Iglesia Evangélica Luterana en América, organismos regionales de la Sociedad Religiosa de los Amigos (Cuáqueros), Iglesias Bautistas Americanas USA, la Alianza de Bautistas y las Iglesias de la Comunidad Metropolitana.
Los grupos cristianos fueron representados por el grupo legal progresista Democracy Forward, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos y Gilbert LLP.
La presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, dijo en una declaración que su organización "no se rendirá hasta que esta política ilegal y peligrosa sea anulada".
"Las redadas en iglesias y espacios sagrados violan décadas de normas tanto en administraciones demócratas como republicanas, protecciones constitucionales fundamentales y la decencia humana básica", afirmó Perryman. "Las comunidades de fe no deberían tener que elegir entre sus compromisos espirituales y la seguridad de sus feligreses".
