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Corte Suprema paraliza orden de devolver a EEUU a un salvadoreño deportado

Corte Suprema paraliza orden de devolver a EEUU a un salvadoreño deportado

En esta foto de distribución proporcionada por el gobierno salvadoreño, un guardia da indicaciones a los reclusos presuntamente vinculados a organizaciones criminales en el CECOT el 16 de marzo de 2025, en Tecoluca, El Salvador. La administración de Trump deportó a 238 presuntos miembros de las organizaciones criminales venezolanas Tren De Aragua y Mara Salvatrucha de los cuales solo 23 eran miembros de la Mara. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció que su gobierno recibirá a los presuntos miembros de la pandilla para ser llevados al CECOT. En febrero de 2023 El Salvador inauguró la prisión más grande de América Latina como parte del plan del presidente Nayib Bukele para luchar contra las pandillas. | | Gobierno salvadoreño vía Getty Images

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha suspendido una orden que exigía al gobierno la devolución de un salvadoreño que fue deportado y enviado a una prisión de su país natal. 

En una orden miscelánea emitida el lunes, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió una orden del Tribunal de Distrito para el Distrito de Maryland relativa a la devolución de Kilmar Abrego García.

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Además, Roberts solicitó una respuesta de los demandantes para el martes por la noche, a lo que los abogados de García respondieron poco después de que se emitiera la orden miscelánea.

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“Este caso es uno de uno”, dijeron sus abogados al tribunal, según Fox News. “Presenta las 'circunstancias extraordinarias' del Gobierno admitiendo que se equivocó al expulsar a Kilmar Armando Abrego García 'a un país extranjero para el que no era elegible para la expulsión'”.    

“Abrego García nunca ha sido acusado de un delito, en ningún país. No es buscado por el Gobierno de El Salvador”, argumentaron además sus abogados. “Se encuentra en una prisión extranjera únicamente a instancias de Estados Unidos, como producto de un error kafkiano”.

Oriundo de El Salvador, y entrado ilegalmente en Estados Unidos durante la administración Obama y residiendo en el condado de Prince George, Maryland, Ábrego García fue deportado el mes pasado bajo la acusación de ser miembro de la banda MS-13.

Abrego García presentó una demanda contra varios funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Todd Lyons, alegando que fue privado del debido proceso.

Los abogados de Ábrego García también argumentaron que en 2019, un juez le había otorgado protección federal para no ser deportado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en una rueda de prensa a principios de este mes que Ábrego García había violado las leyes de inmigración de Estados Unidos y “es un líder de la brutal pandilla MS-13, y está involucrado en el tráfico de personas.”

Sin embargo, la jueza de distrito Paula Xinis rechazó la afirmación de que Ábrego García fuera miembro de la MS-13 y exigió en su orden que fuera devuelto a Estados Unidos. En su dictamen, Xinis escribió que “las “pruebas” contra Ábrego García consistían únicamente en su gorra y sudadera de los Chicago Bulls, y en una alegación vaga y no corroborada de un informante confidencial que afirmaba que pertenecía a la camarilla “occidental” de la MS-13 en Nueva York, un lugar en el que nunca ha vivido”.

Sin embargo, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Tricia McLaughlin, dijo en una declaración proporcionada a la Daily Caller News Foundation que “los informes de inteligencia” corroboran la creencia del gobierno de que Abrego García “está involucrado en el tráfico de personas.”

“Tanto si está en El Salvador como en un centro de detención en Estados Unidos, debe ser encerrado”, continuó McLaughlin.

El procurador general de EE.UU., Dean John Sauer, presentó una solicitud para anular el fallo del tribunal inferior, reiterando la afirmación de que Ábrego García es un miembro de la MS-13, pero diciendo también que "trasladarlo a El Salvador" fue "un error administrativo."

Sauer argumentó que “la Constitución encarga al Presidente, y no a los tribunales federales de distrito, la conducción de la diplomacia exterior y la protección de la Nación contra terroristas extranjeros, incluso efectuando su expulsión.”

“La Constitución confiere al Presidente control sobre negociaciones exteriores para que Estados Unidos hable con una sola voz, no para que las prerrogativas centrales del Artículo II del Presidente puedan dar paso a la diplomacia de los tribunales de distrito”, argumentó Sauer.

“Si este precedente se mantiene, otros tribunales de distrito podrían ordenar a Estados Unidos que negocie con éxito la devolución de otros extranjeros expulsados en cualquier parte del mundo antes del cierre de las negociaciones. Bajo esa lógica, los tribunales de distrito tendrían efectivamente jurisdicción extraterritorial sobre las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con todo el mundo.”